Hace unos años la Iglesia recogía firmas para solicitar una regularización extraordinaria de inmigrantes «en situación irregular». Yo entendí que se refería solo a aquellas personas que estaban trabajando sin permiso de residencia como consecuencia del «bucle» legislativo supuestamente existente que no permitía obtener un permiso de trabajo sin tener el de residencia ni el de residencia sin tener el de trabajo.
La Exposición de Motivos de la propuesta legislativa que finalmente se presentó también parecía invitar a esa interpretación puesto que refería a la pretensión de que aflorara con ese proceso la economía sumergida, que se pudiera proceder a la cotización por parte de estos trabajadores y se limitara o acabara con los abusos en sus condiciones laborales, o a la gratitud que se les debe a los extranjeros ilegales que prestaron servicios «de riesgo» durante la pandemia.
Pero vistas las reacciones de alegría de la Conferencia Episcopal Española anunciando el proceso de regularización compruebo que solo yo estaba en ese error y que al parecer la pretensión de la Iglesia no era solo legalizar la situación de los trabajadores sin contrato sino de cualquier persona extranjera que hubiera entrado o permanecido en España incumpliendo nuestras leyes, que es en realidad a lo que se llama estar en situación irregular. Y es cierto que, como compruebo al hacer este estudio, la propuesta, pese a la Exposición de Motivos citada, concluía solicitando solo la regularización de las personas que ya residieran en España en noviembre de 2021 .
Las firmas se presentaron en diciembre de 2022. Y el 8 de septiembre de 2024, el Parlamento dio luz verde a su tramitación pero por alguna razón que ignoro ha permanecido en un cajón hasta hace unas semanas. Ahora sin embargo, como ya va siendo costumbre, parece ser una cuestión prioritaria, de forma que el Gobierno ha decidido tramitarlo como Real Decreto por el procedimiento de urgencia.
La medida tal y como está planteada actualmente permitirá la regularización de cualquier extranjero que «acredite» residir en España desde al menos 5 meses antes de su solicitud. Inicialmente eran 5 meses anteriores al 31 de diciembre de 2025. Parece que se ha modificado este extremo y se discute si se optará por uno de los dos requisitos o se exigirá la concurrencia de ambos. La redacción final del RD nos sacará de dudas. Para probar la residencia no será necesario acreditar empadronamiento siendo válido cualquier medio de prueba (algún medio de comunicación refiere, incluso a la idoneidad para ello de billetes de transporte público). También se exige que «declaren» no tener antecedentes penales en su país de origen si no consiguen un certificado oficial que lo acredite. En su país de origen o en el que declaren serlo dado que muchos carecen de documentación alguna: toda la prensa se hace eco de las colas en Comisaría para denunciar pérdida o sustracción de pasaporte. Hasta un 60% han aumentado las denuncias. No son relevantes los antecedentes policiales, ni los procedimientos judiciales en tramitación contra ellos, cualquiera que sea el delito que se impute. Alguien procesado por homicidio, por violación, por tráfico de drogas, por delito de odio…. puede ser regularizado sin objeción alguna si no hay todavía sentencia firme. Leo en la prensa hoy que se exigirá informe policial de que el solicitante no supone una amenaza para la convivencia, pero no he podido comprobar oficialmente el origen de esa noticia. Y se me escapa cómo en 3 meses (las solicitudes se pueden presentar en abril y el Gobierno pretende que estén resueltas en junio las 800.000 que se esperan…) va a poder la Policía hacer un informe de cada uno de los solicitantes. No importa tampoco la forma de acceso a España, si se hizo legalmente y la estancia devino ilegal por transcurso del tiempo autorizado, o si se hizo ilegalmente, fuera con documentación falsa, fuera incluso empleando violencia contra las Fuerzas de Seguridad que en teoría defienden nuestras fronteras. Ni importa el país de origen y sus posibles vínculos históricos con España (ningún trato de favor a hispanoamericanos), ni el conocimiento del idioma ni el grado de integración en nuestra sociedad (algunos partidos separatistas catalanes si pretenden exigirlo, referido al idioma y cultura «catalanas», cuando les transfieran las competencias administrativas en la materia, según la propuesta parlamentaria presentada.). La laxitud de la medida (1) ha provocado reacciones adversas en la Unión Europea, que teme que la regularización masiva de extranjeros se convierta en una puerta trasera para el tránsito incontrolado de personas hacia el corazón del continente. El Gobierno asegura que la exigencia de residencia en una fecha determinada impide el efecto llamada, pero temo que se equivoque porque de hecho se están provocando entradas masivas de inmigrantes en España (solo en enero de 2026 se contabilizan 2.267 inmigrantes que han llegado de forma irregular a España. A ese ritmo, que se incrementa en épocas con mejor climatología , tendríamos a final de 2026, 27.204 inmigrantes ilegales más….), a los que se unen inmigrantes residentes de forma irregular en otros Estados de la UE para que sea España quien los regularice y volver, ya con papeles, a su país de residencia, lo que se conoce como «movimientos secundarios» (Gemini) . Muy posiblemente la no exigencia de empadronamiento oficial favorezca estos movimientos.
Justificación de la medida
La consigna para justificar la regularización es que «hay que dar una solución a los inmigrantes irregulares que ya están en España». Pero ignoro la razón de esa necesidad. Son personas que han entrado o permanecido en España contraviniendo nuestras leyes voluntaria y conscientemente. Es como si una persona entrara o se mantuviera contra nuestra voluntad (incluso violentamente) en nuestra vivienda, y con el argumento de que ya está en ella tuviéramos que «solucionar» su situación, legalizando su estancia en nuestro hogar teniendo incluso que desplazar a nuestro hijo de su habitación para cedérsela al «invasor». (Aunque tristemente la literalidad del ejemplo también la vivimos a diario). Habría que solucionar su situación si estuvieran en España legalmente y un cambio legislativo los hiciera devenir en una situación ilegal. Pero no es el caso. Su situación es la que era cuando entraron. Es la que conocían que sería y que aceptaron cuando entraron.
Por otra parte, es difícil entender cómo el Estado ha podido incumplir sus propias normas en forma tan extrema. Hay 840.000 personas en situación ilegal en España que debieran haber sido expulsadas y no lo han sido. ¿Hace dejación de sus funciones el Estado? ¿Con qué finalidad?. Todavía no se ha iniciado el proceso de regularización y ya tenemos varios miles de ilegales más… que no serán tampoco expulsados y que con toda seguridad serán legalizados en el futuro, si bien nadie sabe cuándo.
Centrando nuestro objeto de estudio
En todo caso yo voy a centrar este estudio en la incidencia de este proceso de regularización en el mercado laboral español, sin entrar en otras consideraciones relativas a la seguridad o a la incidencia en la suficiencia de servicios públicos (sanidad, vivienda, educación…) Ni siquiera a su previsible utilización electoral por algunos sectores políticos como abiertamente se ha reconocido por algún partido político de la izquierda radical española, dejando así bien claro su concepto de tolerancia con el discrepante.. Toda la prensa se hizo eco de las manifestaciones de la eurodiputada de Podemos, Sra. Montero, al respecto.
Y lo voy a hacer desde un punto de vista que quizá alguien califique de egoísta, pero que no es otra cosa que exigir a nuestros gobernantes que protejan nuestros intereses. Y esta normativa no es que no proteja los intereses de los españoles sino que directamente los perjudica, y en particular los de los españoles más vulnerables. La Iglesia católica que promovió este proceso es, como su propio nombre indica, universal, y como tal actúa , pero los Estados no lo son, tienen un territorio y un presupuesto limitados que en principio deben ser suficientes para su población, y el gobernante debe ajustar ese presupuesto a las necesidades de sus ciudadanos, porque ha sido elegido para representar sus intereses, no para perjudicarlos en beneficio de un tercero. Cuando yo entrego dinero a una persona y le hago un poder para que compre en mi nombre y para mí una casa, es eso lo que espero, y no que mi apoderado emplee mi dinero para comprar una casa a otra persona dejándome a mí en la calle.
Dejo constar que me voy a referir a inmigrantes ilegales y no a inmigrantes en situación irregular. Hay quien se opone a esta expresión aduciendo que no hay personas ilegales. Estoy completamente de acuerdo. No son personas ilegales pero sí inmigrantes ilegales en cuanto que han accedido o permanecido en España vulnerando intencionadamente la legalidad vigente. Es su situación (no su persona) la que es contraria a la ley. Ilegal, por tanto.
UNA REFERENCIA HISTÓRICA
En España ha habido seis procesos de regularización masiva y extraordinaria de inmigrantes desde 1985. Dos siendo presidente del Gobierno D. Felipe González (1986 y 1991). Dos siendo presidente del Gobierno D. José María Aznar ( 2000 y 2001). Y una siendo presidente del Gobierno D. J.L. Rodríguez Zapatero (2005) . En total se legalizó con ellas la situación de 1.252.000 inmigrantes.
En todas ellas se ha exigido un escaso periodo de residencia en España y casi todas estaban asociadas a una actividad laboral presente, pasada o acreditadamente inminente. En la actual, por el contrario, pese a que la pretensión es incrementar la mano de obra y la recaudación en concepto de cotizaciones sociales que posibilite la prestación de las pensiones de jubilación, no se exige ni trabajar en la actualidad, ni haber trabajado en el pasado ni tener perspectivas de trabajo futuro . Ni tan siquiera tener voluntad de hacerlo.
Quizá lo más característico de esta regulación en comparación con las anteriores sea la aceptación de pruebas no oficiales para acreditar la concurrencia de los dos únicos requisitos que se exigen para regularizar. Ni se exige acreditar la residencia mediante certificación oficial del padrón, ni la ausencia de antecedentes penales mediante la oportuna certificación oficial, lo que dificultará en extremo comprobar la veracidad de los datos ofrecidos por los solicitantes, sobre todo teniendo en cuenta que se pretende por el Gobierno resolver la totalidad de las más de 800.000 solicitudes que se esperan en un plazo de 3 meses.
En total con estos procesos de regularización masiva se ha legalizado la situación de 1.252.000 inmigrantes:.
1986 (Felipe González): Más de 38.000 personas regularizadas.
1991-1992 (Felipe González): Más de 114.000 personas obtuvieron residencia.
1996, 2000 y 2001 (José María Aznar): En conjunto, más de 524.000 personas beneficiadas, con cifras alrededor de 264,000 (2000) y 239,000 (2001). En la de 1996, 21.000 personas
2005 (José Luis Rodríguez Zapatero): La más numerosa, con más de 576.000 solicitudes concedidas.
En la actual, se espera por la Administración regularizar a 500 000 inmigrantes (más de la población actual de la ciudad de Murcia)
OBJETO DE NUESTRO ESTUDIO
Como he anticipado, en este estudio abordo la incidencia de esta medida en el mercado laboral español. La verdad oficial es que España necesita contratar mano de obra extranjera. Y creo que con los datos oficiales disponibles se puede asegurar que la «verdad oficial» no es tal verdad:
Incluso los datos oficiales permiten acreditar que contratar mano de obra extranjera no es necesario (menos aún, imprescindible como leí que sostenía D. Luis de Guindos, el 19 febrero pasado (2)
Vamos a ir viendo cómo:
..La inmigración masiva dificulta el acceso al trabajo de los españoles en situación de desempleo, sobre todo de los desempleados de larga duración (básicamente mujeres y mayores de 50 años)
..La inmigración masiva «revienta» el mercado laboral, provocando un detrimento global de las condiciones laborales, salario incluido.
..Tanto el desempleo como las bajas retribuciones salariales provocan una situación de pobreza en la que vive ya la cuarta parte de la población en España, niños incluidos.
..Y finalmente, la regularización masiva no acaba con la existencia de una bolsa de trabajo irregular, puesto que no va asociada a un control efectivo de las fronteras, de forma que el número de inmigrantes ilegales aumenta continuamente (no hay más que ver que tras cada regularización ha seguido incrementándose el número de inmigrantes ilegales. De hecho, tenemos más de 800.000 de ellos pese a las 6 regularizaciones previas).
Pártase de la base de que la crítica al fenómeno migratorio tal y como se está gestionando está referida solo a los extranjeros cuya pretensión es básicamente laboral, dejando al margen las personas que pretenden la obtención de asilo político, pero lo cierto es que, al margen de los abusos que se cometen en este ámbito (descritos en la entrada «Pase sin llamar») su incidencia en la inmigración es escasa: los solicitantes de protección representan aproximadamente entre el 12% y el 15% del total de inmigrantes que llegaron en ese periodo, y solo se acepta aproximadamente entre el 12 y el 18% de ellas (3) En resumen, los asilados políticos (o solicitantes de protección) son una minoría dentro del flujo migratorio total a España, que sigue siendo predominantemente económico.
DATOS OFICIALES
Veamos la evolución de la inmigración en España:
A principios de los años 90 la población extranjera apenas superaba el 1% del total. En 2005 ya rondaba el 9%,. En 2024, se sitúa en torno al 13,5 % de la población residente, lo que representa más de 6,5 millones de personas. (4) Durante ese año más de 1,1 millones de personas con nacionalidad extranjera fijaron su domicilio en España. En enero de 2026 ya son más de 10 millones las personas residentes en España nacidas en el extranjero (5) .
Hemos incrementado en 10 millones la población extranjera en estos años, con un proceso de aceleración en los últimos años. Trabajando legalmente ya hay más de 3 millones de inmigrantes según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
¿ES NECESARIA MANO DE OBRA EXTRANJERA?
En España, a cierre de enero de 2026 hay casi dos millones y medio (2.439.062) de personas en situación de desempleo. El 10% de la población activa (9,97% según el INE)
De esos, los parados de larga duración (superior a 1 año) suponen el 45%. Y de éstos, el 60% son mujeres y 4 de cada 10, mayores de 50 años. (6)
Con casi dos millones y medio de parados, ¿de verdad necesitamos 840.000 trabajadores más?
¿LA INMIGRACIÓN DIFICULTA EL ACCESO A UN PUESTO DE TRABAJO POR DESEMPEADOS ESPAÑOLES?
Desde 2019, la población activa ha crecido un 7,8 %, lo que equivale a 1,8 millones nuevos trabajadores, que en su práctica totalidad son de origen extranjero (7)
Pese a que la población inmigrante solo representa el 13.5% del global, supone el 23% de la población ocupada en España.
El 90% del empleo nuevo creado desde enero de 2024 a marzo de 2025 ha sido ocupado por inmigrantes. Ha sido un auténtico «shock de oferta» (7) Uno de cada cinco trabajadores es inmigrante. El porcentaje de trabajadores inmigrantes ha pasado de representar menos del 5 % en 2000 a más del 20 % en tan solo 20 años.(8)
El nivel educativo medio de la inmigración que recibe España es bajo y se emplea en un tipo de puestos de trabajo que requiere poca cualificación.
Con estos datos ¿de verdad podemos afirmar que la inmigración no dificulta a los españoles en paro, sobre todo a los menos cualificados, a acceder a un puesto de trabajo?
La mayor parte de los inmigrantes (el 52 %) se concentra en la franja de edades de los 25 a los 49 años, (7) ¿de verdad no dificulta eso aún más la incorporación al mercado laboral de desempleados mayores de 50 años?
Un 52 % de la población inmigrante son mujeres (7) ¿de verdad no dificulta eso aún más la incorporación al mercado laboral de las mujeres españolas?
¿POR QUÉ HAY SECTORES DE SERVICIOS QUE SE NUTREN BÁSICAMENTE SOLO DE MANO DE OBRA EXTRANJERA?.
Hay un principio económico básico y es el ajuste de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta de mano de obra, el empleador está en situación de ventaja e impone sus condiciones. Por el contrario, si hay poca oferta de mano de obra el empleador se ve obligado a mejorar las condiciones laborales para conseguir empleados. Hemos visto que había un «shock de oferta» de mano de obra extranjera, lo que ha repercutido en las condiciones laborales que ofrece el empleador, como ahora veremos.
Varios sectores de actividad dependen ya completamente o en gran medida del empleo inmigrante. Por ejemplo, el 72% del empleo en el servicio doméstico y el 45% en la hostelería es inmigrante (9) La opinión generalizada es que los españoles rechazan esos puestos de trabajo.
He tenido ocasión de leer varios estudios al respecto. Y sorprendentemente nadie se plantea por qué esos trabajos son rechazados por la población española. Pero si analizamos los datos parece que todos apuntan a una misma dirección: las condiciones laborales que se ofrecen son inaceptables. Salarios escasos para actividades sacrificadas sea por horarios, sea por esfuerzo requerido… Cuando no hay demanda para una oferta, las leyes del libre mercado incitan a mejorar la oferta. El problema es que los inmigrantes sí están dispuestos a trabajar por salarios escasos y malas condiciones laborales: la necesidad manda. Y hemos visto que hay una gran oferta de mano de obra extranjera. El empresario entonces lo tiene claro: ¿Para qué pagar más si tienes quien trabaje por menos.? Recuérdese que las empresas son entidades que operan necesariamente con ánimo de lucro (son otra cosa si carecen de él) . Veamos cuáles son los sectores económicos que los españoles rechazan y en los que la mano de obra es esencialmente extranjera:
Hoy, 24 de febrero, leo en Europa Press (10) que la Patronal de Dependencia ofrece empleo real a 160.000 personas entre los inmigrantes que se regularicen, aunque reconoce que habrá que darles formación, .para cubrir el déficit de profesionales que arrastra el sector. Hagamos la pregunta del millón: ¿Por qué hay déficit de profesionales en el sector de la Dependencia? Y la respuesta es como casi siempre «porque pagan poco»: según Gemini son 16.500 € brutos al año los que se cobra por atender a dependientes pese al esfuerzo físico y psicológico que conlleva, con frecuencia a turno corrido… , Un auxiliar de geriatría/enfermería en residencia suele ganar entre 1.100 € y 1.500 € brutos mensuales (en 14 pagas) por una jornada completa. Eso equivale al salario mínimo o poco más. Nadie que no esté en situación de necesidad acepta esas condiciones laborales. (Por otra parte, no es razonable que ese tipo de trabajo, que debiera ser, además, vocacional, no esté pagado como se debe. Los dependientes son los ciudadanos más vulnerables y por tanto debieran ser los más protegidos. Su asistencia debiera estar mucho mejor retribuida, pues sin duda redundaría en una mejor atención (aunque solo fuera por el mayor número de cuidadores que habría).
Si hablamos del servicio doméstico, ocupado en un 72% por inmigrantes, su retribución anual es la equivalente al SMI ( 16.576 euros brutos anuales).
En cuanto a la hostelería (con un 45% de mano de obra inmigrante), según Gemini «aunque los salarios han experimentado mejoras recientes debido a la actualización de los convenios colectivos, el sector sigue siendo considerado uno de los peor pagados del país, a menudo caracterizado por largas jornadas laborales y una alta carga física. con fenómenos de explotación laboral: se reportan frecuentemente abusos, como la falta de pago de horas extras o la contratación de trabajadores con categorías inferiores a las tareas reales (por ejemplo, camareros cotizando como ayudantes); jornadas intensas: el trabajo conlleva jornadas largas (a menudo de 12 horas) y gran exigencia física, lo que ha generado una falta de trabajadores en el sector». En resumen, la hostelería no suele considerarse bien retribuida en comparación con el esfuerzo y el tiempo requerido, Según Gemini es el sector laboral peor pagado con una media de 16.985 €.anuales.
Esta es la situación que mueve a contratar inmigrantes. La necesidad ahoga y ellos sí aceptan esa precariedad laboral. Y con frecuencia, con detrimento del servicio al cliente, dada su falta de cualificación profesional en muchos casos. (A título anecdótico ya en dos ocasiones he pedido «un Rioja tinto» en dos terrazas «de moda» de Madrid a dos camareros inmigrantes que me han preguntado que qué era eso. Y en otra ocasión, el camarero inmigrante, aunque sí sabía que estaba pidiendo un vino, me replicó que qué más daba lo que fuera si eran todos los vinos iguales. Se ve que lo de la denominación de origen no se lo explicó nadie) .
Es por estas razones por las que se «necesita» mano de obra extranjera. Para conseguir trabajadores con una retribución inferior a la que exigen las condiciones laborales. Monras, citado por María Jesús Fernández (7) sostiene que los inmigrantes en España tienden a ganar menos salarios que los nativos con educación similar, incluso cuando trabajan legalmente. De hecho, los trabajadores procedentes de África, América y otros países, sin prácticamente diferencias entre ellos, reciben un salario equivalente al 65 % del salario medio de los españoles. El 60% según el Real Instituto Elcano, quien sostiene también que la base media de cotización en diciembre de 2024 era muy superior en nacionales que en extranjeros. Según M Jesús Fernández (7), el número de trabajadores en activo españoles ha descendido en las ocupaciones “elementales”, que ofrecen salarios un 38 % por debajo de la media. Los empleos de esta categoría dependen por completo de la mano de obra extranjera. Parece pues acreditado que resulta más rentable económicamente al empresario contratar inmigrantes.
A nivel global la composición de nuestros inmigrantes perjudica la productividad : Cuadrado y Regil según cita de Maria Jesús Fernández (7) estiman que los trabajadores nacidos fuera de España restaron dos décimas porcentuales al crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024 (que ascendió al 2,9 %) a través de su efecto sobre la productividad, circunstancia motivada por su bajo nivel formativo y su desconocimiento del idioma, situación de la que habría que excluir a los inmigrantes europeos e hispanoamericanos en los que no concurren dichas circunstancias.
Nuevamente cito a M. Jesús Fernández y Raymond Torres , que sostienen que sin la inmigración, la economía española hubiera respondido vía precios, más que vía producción, al tirón del turismo o a la demanda de nueva construcción de vivienda. Sin embargo, como hemos visto, lo que permite la inmigración es reducir los gastos de personal (sobre todo si el inmigrante es ilegal) lo que implica un menor coste empresarial . A partir de ahí es la empresa la que resuelve cómo gestionar los precios, que por otra parte no han hecho más que subir desde entonces, escandalosamente además en el caso de la construcción de viviendas que es uno de los ejemplos que cita.
LA INMIGRACIÓN PERJUDICA A LAS CLASES MAS VULNERABLES DE ESPAÑA.
Hasta aquí comprobamos que la inmigración copa el mercado laboral de escasa cualificación profesional, perjudica la productividad global y permite el mantenimiento de unas más que precarias condiciones laborales. Creo que a eso es a lo que vulgarmente se llama «reventar el mercado de trabajo»
¿Cuales son las consecuencias? Sueldos más bajos, proletarización social con práctica desaparición de la clase media, y una cuarta parte de la población en situación de pobreza.
Sueldos más bajos: De 1994 a 2024 el salario real en España ha subido un 2,7% ; sin embargo la cesta de la compra lo ha hecho un 63% y el ocio un 52% · (11)
El salario mínimo se va incrementando (si bien sin una programación preestablecida, de forma que debe ser complicado para el empresario hacer una previsión de gastos de personal ni siquiera a medio plazo), ascendiendo ahora a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas (17.094 euros anuales). Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, el SMI ha pasado de 735 euros a los 1.184 euros actuales, lo que representa un incremento del 60% en apenas seis años. Pero eso, siendo positivo, no ha «tirado» proporcionalmente del resto de los sueldos como algunas asociaciones sindicales esperaban, sino que ha provocado lo que se llama «compresión salarial»: los sueldos de empleados más cualificados quedan en rangos cercanos a los que menos ganan. El incremento del SMI implica una subida del 30% en la cotización social, lo que supone un coste adicional para el empresario que, en consecuencia, no sube en la misma proporción el resto de los salarios que abona, provocando esa aproximación salarial entre trabajadores más y menos cualificados. Como sostenía Miguel Angel García, economista , «Si la empresa no consigue aumentar la productividad en la misma proporción, pues lo que hace es trasladar esta subida a una menor elevación del resto de los salarios» (12) . El salario medio en España es de 28.049,94 € anuales, cifra elevada por los sueldos altos. . Pero el Salario más frecuente (Modal) solo supera en un 3% el SMI (16.576€ en 2025) ( Expansión, El Economista…)
Riesgo de pobreza. Todo esto conduce a empeorar la situación de los españoles, porque, pese a la euforia económica de nuestros gobernantes, es un dato pacíficamente aceptado que 12.5 millones de personas en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Eso es más de la cuarta parte de la población (un 25,8%-26,5%) ; 1 de cada 4 personas… Se diga como se diga, es una barbaridad insostenible. La situación afecta especialmente a hogares con niños, jóvenes y mujeres, impulsada por el alto coste de la vivienda, el empleo precario, la pobreza energética y la inflación, con una severa brecha geográfica.
Según Aldeas Infantiles «la infancia paga el precio más alto: 2,7 millones de niños y niñas en España viven una auténtica emergencia dentro de sus propios hogares. No hablamos solo de falta de ingresos; hablamos de una alimentación pobre y de baja calidad, de carencias educativas, de hogares que no pueden mantener la energía básica encendida, de la fragilidad en la salud mental que se instala en la vida de los más pequeños»·
Proletarización de la población y desaparición de la clase media. Copio literalmente la información que facilita Caritas porque me parece suficientemente explicativa de lo que venimos analizando:
Efectivamente, los informes de Cáritas y de la Fundación FOESSA han alertado reiteradamente de que una parte significativa de las personas que solicitan ayuda son trabajadores o antiguos miembros de la clase media que han caído en situaciones de exclusión social o vulnerabilidad, un fenómeno conocido como la «precarización» o desaparición de la clase media.
Perfil de trabajador pobre: Muchos de los solicitantes no están desempleados, sino que tienen trabajo pero sus ingresos son insuficientes para cubrir necesidades básicas, especialmente el alquiler y la vivienda.
«Clase media» en apuros: Estudios anteriores ya indicaban que un 40% de los usuarios de Cáritas provenían de un nivel de clase media o acomodada, habiendo sufrido un deterioro en su situación económica.
Aumento de la exclusión: Cáritas alerta de que la brecha social está creciendo y que gran parte de la clase media se encuentra en situaciones límite o integración precaria.
«Pobreza laboral»: Se destaca que sectores de la población se ven forzados a dedicar más del 70% de sus ingresos a gastos de vivienda, recurriendo a Cáritas para alimentación y necesidades básicas.
La organización subraya que la pobreza ya no afecta solo a los colectivos históricamente vulnerables, sino a un sector amplio de la población activa que antes mantenía una estabilidad económica».
Una sociedad no puede calificarse de «civilizada» si tiene personas que trabajan y aún así están en riesgo de exclusión social. Hablar de «estado del bienestar» en estas condiciones resulta hasta insultante.
FUGA DE TITULADOS SUPERIORES
Sostiene María Jesús Fernández que hay autores que constatan un desplazamiento de la fuerza laboral nacional hacia las ocupaciones de mayor productividad, que son también las que ofrecen mejores salarios: dado que la inmigración copa los puestos de trabajo de escasa cualificación profesional, los españoles pueden ocupar los más cualificados.
Sin embargo, cuando se trata de titulados superiores tampoco es válido ese axioma. Nuevamente el hecho de que haya inmigrantes titulados dispuestos a aceptar condiciones laborales inadecuadas al trabajo realizado provoca que no se mejoren estas condiciones laborales, provocando la «fuga» de nuestros titulados a otros países, generalmente de la UE.
Cerca del 25% de los recién graduados españoles no encuentra empleo en los tres años posteriores a terminar sus estudios. Solo un 54% de los graduados cotiza un año después de terminar la carrera. El 82% de los universitarios está dispuesto a emigrar para encontrar trabajo (13) Europa es el destino más elegido seguido de Estados Unidos.
Y no es por falta de puestos de trabajo en España. Es porque están mal remunerados, razón por la que emigran a países donde retribuyen mejor. La situación es especialmente visible en el ámbito sanitario: Ya en 2024 se informaba que crecía un 40% la cifra de los médicos que deciden ejercer en el extranjero (14). Según Gemini, Francia se destaca como un destino principal para médicos españoles y europeos, ofreciendo sueldos que pueden llegar a ser hasta cuatro veces mayores que en España.. También Suiza o Alemania son destinos profesionales a los que emigran nuestros médicos.(Ignoro si su presencia en estos países provoca el mismo efecto negativo en la oferta de trabajo del que provoca aquí la contratación de inmigrantes)
Y sin embargo, que no falta trabajo para médicos lo acredita la contratación en España de médicos extranjeros, formados en el extranjero. Según Newtral, ya entre 2000 y 2022 se han reconocido un total de 86.194 títulos de Medicina extranjeros para ejercer la profesión en España. El 54% de los profesionales recién ingresados en el Colegio de Médicos de Barcelona en 2022 eran de origen migrante.
España está invirtiendo una parte importante del presupuesto formando médicos con una gran cualificación profesional para «cederlos» a otros países cuando ya son «rentables», contratando a profesionales de otros Estados, no siempre tan bien formados académicamente como los nuestros, para ahorrarse costes salariales. Es una pérdida de calidad del servicio. Y una inversión ruinosa en formación universitaria.
En resumen, la mano de obra extranjera es más barata y provoca el desplazamiento de la mano de obra nacional: al desempleo en el caso de trabajadores poco cualificados, y a la emigración en el caso de titulados superiores.
La consecuencia es la deflación de sueldos, la desaparición de la clase media, que se proletariza, y el empobrecimiento extremo de los antaño llamados proletarios.
La «desaparición funcional» de los Sindicatos ha aportado su granito de arena a esta situación, por la carente reivindicación de unas condiciones laborales dignas y por la ausencia de estudio alguno (divulgado al menos) sobre la incidencia de la inmigración masiva en la situación laboral española.
A esta situación contribuye también la excesiva presión fiscal que se ejerce en España. La más elevada en décadas. Las cotizaciones sociales por trabajador oscilan entre un 32% y un 38% del salario bruto mensual, desglosado en distintos conceptos: contingencias comunes y profesionales, desempleo, FOGASA,… (15) Eso supone una carga para el empresario, que finalmente repercute como hemos visto en que solo se sube el SMI por su carácter imperativo.
Esa carga tributaria sobre el empresario favorece la «contratación» de inmigrantes ilegales, ya que de esta forma se ahorran ese 32 a 38% de cotizaciones sociales.
Se sostiene por los defensores de la regularización masiva que aflorará la economía sumergida y se incrementará la recaudacíón por cotizaciones sociales, pero esa pretensión es un poco una falacia, porque por una parte quizá, solo quizá como veremos, se incremente la recaudación a corto plazo, pero a medio y largo plazo esos cotizantes generarán derechos de pensión, lo harán sobre bases salariales bajas y en un sistema ya estructuralmente deficitario.
Pero es que además, en los supuestos en los que la contratación de extranjeros tiene como finalidad «ahorrarse las cuotas sociales», o seguirán «contratados sin papeles» o directamente contratarán a los que no consigan la regularización o a los nuevos ilegales que van entrando, que no disminuyen puesto que no hay previsto ningún protocolo adicional ni de control de fronteras y aduanas, ni de Inspección laboral (en 2025 se sancionó a 890 empresas infractoras de los aproximadamente 550.000 ilegales trabajando que reconoce FEDEA, (5) ni de ejecución de órdenes de expulsión (3.400 en 2025 pese pese a que emitió 41.300 órdenes de expulsión, (16)
A pesar de todo lo expuesto y para agravar aún más la situación, como anticipábamos, a nivel global se sitúa la presión fiscal en su Máximo Histórico. En 2024-2025 la presión fiscal, que mide los impuestos y cotizaciones sobre el PIB, ha superado el 36% (situándose sobre el 36,7%-38% según las fuentes y el cálculo de cotizaciones sociales), un nivel nunca antes registrado en el país.
Debiéramos, una vez más, hacer caso del refranero popular y asumir que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. La pretensión debiera ser colaborar «en origen» con el desarrollo cultural y económico de los países de procedencia, en lugar de aprovechar obscenamente sus recursos naturales como suele hacer lo ahora llamado «Occidente», y colaborar a la formación de sus jóvenes para que puedan hacer avanzar sus Estados, en lugar de sustraerles su mayor recurso, el humano. Como dice el Cardenal Sarah, de origen guineano y refiriéndose a la migración africana, «la inmigración masiva despoja a África de sus fuerzas más jóvenes y dinámicas, esenciales para el desarrollo del continente. Cada persona debería tener el derecho y la posibilidad de «crecer y vivir en su propio país», manteniendo sus propias raíces culturales y religiosas, en lugar de ser forzados a emigrar». En mi modesta opinión es un mero recorte de gastos salariales lo que se pretende promoviendo estos fenómenos migratorios masivos, pero las consecuencias para el grueso de la población son, como al menos yo deduzco de los datos aportados, bastante indeseables.
NOTAS
- Bruselas frena a Sánchez: el motivo por el que la … – Moncloamoncloa.com https://www.moncloa.com › 2026/02/10 › bruselas-frena…10 feb 2026)
- Infobae, Forbes, El periódico
- Gemini citando datos del Observatorio Vasco de Inmigración y de la UE)
- La inmigración en España: retos, impacto y políticas. Raquel Carrasco
- Gemini
- Gemini usando datos del Servicio Público de Empleo Estatal
- María Jesús Fernández y Raymond TorresM:» La inmigración y la economía española: una mirada macroeconómica»
- .Ismael Gálvez Iniesta: «Comparativa europea de la brecha de empleo entre inmigrantes y nativos: evidencia de España, Francia, Portugal e Italia.»
- .Real Instituto Elcano. «Inmigración y mercado de trabajo en España».
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Más allá del Derecho 